Ciberacoso – condena en caso de Grooming en La Plata

Un hombre de 26 años fue condenado a seis años de prisión por acosar a una niña de 12 años mediante “actos que promovieron y facilitaron la corrupción de la integridad sexual de la víctima” a través de Facebook, el primer caso por el delito denominado grooming que llega a esta instancia en los Tribunales de La Plata, informaron ayer fuentes judiciales. En este caso, el magistrado que intervino en la causa decidió no solo penar por el ciberacoso, sino también por corrupción de menores.

El fallo fue emitido por el juez del Tribunal Oral en lo Criminal I de La Plata, Juan José Ruiz, quien actuó como magistrado unipersonal, según consignó Télam.

Según sentenció el magistrado, “al menos durante los primeros meses del 2016 y hasta el 14 de junio de ese año, un hombre mayor de edad, valiéndose de la inmadurez sexual de una niña de 12 años, y en reiteradas oportunidades vía chat de Facebook, realizó todo tipo de actos que promovieron y facilitaron la corrupción de la integridad sexual de la víctima”.

El juez Ruiz determinó que el acusado, identificado en la causa judicial como Emanuel Alejandro Báez, con su accionar “quebrantó el normal desenvolvimiento y desarrollo sexual de la víctima”.

Y explicó el magistrado en su sentencia que este perjuicio sobre la menor se logró mediante “un sometimiento virtual, con el juego esclavo-amo”, logrando como resultado que la niña le envíe imágenes suyas desnuda, “diálogos de alto contenido sexual explícito, el envío de fotos del imputado con su miembro viril a la vista, exhibición de imágenes pornográficas y de otra mujer desnuda”.

“Dichas maniobras fueron descubiertas por la hermana mayor de la víctima, quien logró tener el nombre de Máximo Báez, seudónimo del imputado, y dio aviso a su madre, que realizó la denuncia”, se describió en el veredicto.

La defensa de Báez planteó la inexistencia de delito, pero el juez Ruiz rechazó el argumento y respondió que “en la presente causa hay pruebas suficientes para llegar a una condena por corrupción de menores”.

En la sentencia se citó doctrina que afirma que “promover la corrupción quiere decir tanto como adelantar o iniciar al menor mediante actos materiales sexualmente anormales realizados por el autor sobre su cuerpo u obligar a la víctima a presenciar actos de ese carácter realizados por terceros, o de expresiones verbales o escritas con significación sexual anormal (consejos, enseñanzas o exhibición de imágenes) idóneos para pervertir sus sanos instintos sexuales o para despertar en él una temprana o excesiva sexualidad”.

Un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal del Ministerio de Justicia de la Nación estableció que en 2016 se iniciaron 239 causas por ciberacoso a adolescentes en los juzgados distribuidos en el territorio bonaerense.

Fuente: La Nación

Avanza en Chile el proyecto de ley de protección de datos personales

En el blog del estudio Jurídico CAREY,  Paulina Silva y Guillermo Carey comentan que el Senado actualmente se tramita un proyecto de ley que modifica sustancialmente la Ley de Protección de Datos N° 19,628.

La Comisión de Constitución del Senado refundió en un solo texto dos proyectos de ley de modificación a la Ley de Protección de datos: la Moción de los Senadores Harboe, Araya, De Urresti, Espina y Larraín, con el Mensaje de la ex Presidenta.

El martes 3 de abril el Senado aprobó en general el texto del proyecto refundido, por 42 votos a favor y una abstención. Para que se transforme en ley falta aún la discusión en particular en el Senado, y su discusión en la Cámara de Diputados. Mas información en el citado blog.

Simple tenencia de pornografía infantil

El 13 de marzo de 2018, la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados dictaminó con acuerdo de todos los bloques, el proyecto de Ley que sanciona la simple tenencia de pornografía infantil. La iniciativa que obtuvo dictamen y que cuenta con aprobación del Senado desde noviembre pasado, modifica el artículo 128 del Código Penal estableciendo penas de entre tres y seis años de prisión por el delito.

Competencia ordinaria para delito de acceso no autorizado

 El fallo de la Sala V de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal en autos “B., W. A. s/infracción ley 26.485-contienda” (causa n° 58.641/2017) rta. 28/2/2018, donde la Sala interviene con motivo de la contienda negativa de competencia suscitada entre un Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional y un Juzgado Federal para entender en una denuncia realizada ante la Oficina de Violencia Doméstica en la cual la damnificada relató que su ex pareja ingresó a su correo electrónico, whatsapp, facebook y telegram, participó de conversaciones y le exhibió chats de su casilla de correo para amedrentarla. El vocal interviniente asignó competencia a la Justicia ordinaria. Explicó que en el caso existe un concurso ideal entre un delito de acción pública y uno de acción privada, conductas que no pueden escindirse, con lo cual, mas allá de que el segundo no fue iniciado conforme al juicio especial previsto en el artículo 418 y ss del CPPN, debe prevalecer el de acción pública. Finalmente indicó que si bien existió una afectación en el correo electrónico y en las cuentas personales, la ilicitud no perturbó el servicio de correo en sí, ni los intereses federales, tal como requiere el artículo 33 del ritual.

CCC., Sala V, en autos “B., W. A. s/infracción ley 26.485-contienda” (causa n° 58.641/2017) rta. 28/2/2018.

PFD del caso

Fuente del fallo y del texto por el servicio de correo electrónico de la Secretaría de Jurisprudencia y Biblioteca de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional.

Convenio 108 en Diputados

Argentina – El proyecto de Ley que aprueba el convenio para la protección de las personas con respecto al  tratamiento automatizado de datos de carácter personal, suscripto en la ciudad de Estrasburgo el 28 de enero de 1981, y su protocolo adicional, suscripto el 8 de noviembre de 2001 está en tratamiento en Diputados.

Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN – Resolución 733-E/2017

Que a partir de la reforma constitucional de 1994, se incorporaron a nuestra Constitución Nacional nuevos derechos y garantías, lo que significó una síntesis entre las exigencias de las libertades tradicionales de corte individual, con las necesidades de orden económico, cultural y colectivo, a cuya satisfacción se dirigen los derechos sociales.

 

Que en ese orden, el artículo 42 de la Constitución Nacional establece, entre otros derechos de los consumidores, el de la protección de sus intereses económicos, el del acceso a una información adecuada y veraz, el de libertad de elección y a que las autoridades provean a la protección de esos derechos y a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados.

 

Que por ello debe existir una tutela diferenciada y eficaz, para evitar que los derechos de los consumidores se tornen inoperantes, proveyendo mecanismos adecuados para facilitar el ejercicio y el reconocimiento de tales derechos.

Que la ex Secretaría de Comunicaciones, dependiente de la Presidencia de la Nación, dictó la Resolución N° 490/1997, aprobando el “Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, vigente hasta la fecha.

Que mediante Resolución N° 10059/1999 la ex Secretaría de Comunicaciones aprobó el Reglamento General de Clientes del Servicio Básico Telefónico (RGCSBT).

Que oportunamente se consideró que el crecimiento del número de usuarios de los servicios de comunicaciones móviles y el consecuente aumento de tráfico en las redes, así como la evolución de las tecnologías en uso y la diversidad de los servicios y las aplicaciones ofrecidos por los prestadores, habían reconfigurado las relaciones entre aquéllos y los usuarios, tornando indispensable una actualización de la normativa que reflejara, entre otros aspectos, un mayor equilibrio y equidad.

Que en ese entendimiento, la ex Secretaría de Comunicaciones del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, por Resolución N° 12/2013 del 6 de septiembre de 2013, declaró la apertura del proceso de elaboración participativa de normas establecida por el Decreto N° 1172/2003, de fecha 3 de diciembre de 2003, en relación con el proyecto de “Reglamento de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, que figuraba como Anexo I de dicho acto administrativo.

Que dicho proceso de elaboración participativa de normas nunca fue concluido y, mientras tanto, la evolución tecnológica devino en una aún mayor oferta de servicios y aplicaciones que las vigentes al dictarse la Resolución N° 490/1997 de la ex Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la Nación, modificándose sustancialmente la relación entre prestadores y clientes respecto de la situación que regía en ese momento.

Que por ello, a través del inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 798/2016, el Poder Ejecutivo Nacional instruyó, al entonces Ministerio de Comunicaciones, a actualizar el “Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, prosiguiendo el procedimiento iniciado oportunamente por Resolución N° 12/2013 de la ex Secretaría de Comunicaciones del ex Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.

Que el mencionado inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 798/2016, estableció no sólo el referido deber de actualización, sino también el de prever la existencia de mecanismos que permitan a los clientes acceder a información sobre la calidad del servicio y obtener bonificaciones y/o compensaciones en sus servicios ante el incumplimiento de los niveles de calidad establecidos.

Que en cumplimiento de esta instrucción se llevó a cabo un riguroso estudio y análisis en materia de protección de los derechos de los clientes de esto servicios, a partir de la experiencia internacional regulatoria de la Unión Europea, el Reino Unido, España, Chile y Colombia, procediéndose a elaborar un primer proyecto de “Reglamento General de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles”.

Que la Resolución N° 6/2016 de la Secretaría de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, declaró la apertura del proceso de elaboración participativa de normas establecida por el Decreto N° 1172/2003, en relación con el proyecto del “Reglamento de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, que como Anexo I (IF-2016-01259458-APN-STIYC#MCO) formaba parte de esa resolución.

Que dicho proceso de consulta pública tuvo como fin de dar participación a cualquier interesado, fortaleciendo la legitimación democrática y la concepción de ciudadanía que vigorizan el pluralismo político.

Que, dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 7° de la Resolución N° 6/2016 de la Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, se procedió a habilitar, con base en el Expediente N° EX-2016-03028219-APN-STIYC#MCO, el registro al cual se fueron incorporando las opiniones y propuestas que se efectuaron sobre el proyecto de “Reglamento de Clientes de los Servicios de Comunicaciones Móviles”, en el marco del proceso de elaboración participativa de normas.

Que posteriormente, a raíz incluso de algunas de esas opiniones y propuestas, se llegó a la conclusión que la convergencia entre diferentes redes y Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Servicios de TIC), exige el establecimiento de un régimen de clientes en el que todos los servicios comparables reciban un trato similar, con independencia de las tecnologías utilizadas.

Que por lo tanto, se realizó una revisión exhaustiva del marco normativo argentino con el propósito de incluir, en un solo texto normativo, los derechos de los clientes de todos los Servicios de TIC, adecuándolo a la convergencia tecnológica y a la evolución del sector.

Que desde la convergencia, la prestación de los servicios antes mencionados no se diferencia por el simple hecho de que los mismos sean prestados en forma individual o conjunta.

Que en consecuencia y atento a la proliferación de la prestación de estos servicios, se consideró menester robustecer las reglas que garantizan la efectividad del ejercicio de los derechos de los clientes bajo la prestación conjunta de servicios en un esquema de convergencia.

Que se estimó necesario, en este sentido, adecuar el marco regulatorio de protección de usuarios de los servicios de telecomunicaciones en un ambiente de convergencia tecnológica, de redes y de servicios, procediéndose a elaborar un nuevo proyecto de “Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”,

Que la Resolución N° 12/2017 de la Secretaria de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones declaró la apertura del proceso de elaboración participativa de normas establecida por el Decreto N° 1172/2003, de fecha 3 de diciembre de 2003, en relación con el proyecto de “Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones”, que como Anexo I (IF-2017-11808838-APN-STIYC#MCO) forma parte de ese acto administrativo.

Que los aportes que realizaron los distintos sectores interesados resultaron relevantes y útiles, alentando a dictar un reglamento convergente, concerniente a todos los Servicios de TIC.

Que los procedimientos de consulta contribuyen a promover una efectiva participación de la ciudadanía en las decisiones de gobierno, así como a su control a través de mecanismos que hacen a la transparencia del accionar de los distintos estamentos del Estado Nacional.

Que en consecuencia se dio debido cumplimiento a lo establecido en la resolución citada anteriormente, habiéndose garantizado la transparencia, publicidad y participación de los interesados en el proceso de elaboración de normas de importancia decisiva para el sector.

Que tomando en cuenta los comentarios y aportes realizados se dicta la presente, aprobando un régimen aplicable a los Servicios de TIC y al Servicio de Radiodifusión por Suscripción Satelital, que aún cuando no revisten la condición de Servicios de TIC, comparte con ellos –y sobre todo con los Servicios de Radiodifusión por Suscripción Mediante Vínculo Físico y/o Mediante Vínculo Radioeléctrico- sus características esenciales, no resultando conveniente ni equitativo, por tanto, dejar fuera de esta regulación a una prestación sustancialmente idéntica a otras que sí están comprendidas en la misma.

Que además de este enfoque convergente, extendiéndose su ámbito de aplicación a las relaciones entre prestadores y clientes de todos los Servicios de TIC y del Servicio de Radiodifusión por Suscripción Satelital, el reglamento que se aprueba por la presente sienta diversos principios que amplían la esfera de derechos de los clientes y el grado de protección de los mismos.

Que en este sentido, se establece –entre otras disposiciones- que en caso de existir discrepancias entre cláusulas contractuales y disposiciones del reglamento, prevalecerán las normas más favorables a los clientes; que éstos tienen derecho a la libre elección del prestador y de los planes y servicios que contraten, así como de los equipos terminales que utilicen; que los datos personales del cliente no podrán ser utilizados por los prestadores para fines distintos a los autorizados por aquél; que la provisión de contenidos y aplicaciones, así como el envío de mensajes con fines publicitarios o comerciales, requiere de la previa y expresa adquisición por el cliente; etc.

Que asimismo, el cuerpo normativo que se aprueba consagra, de manera expresa, numerosos derechos a favor de los clientes y obligaciones a cargo de los prestadores, entre las que se destaca la de mantener un servicio especializado y gratuito de atención al cliente, que tenga por objeto atender y resolver las quejas y reclamos de éstos y que les permita realizar el seguimiento de los reclamos efectuados.

Que para evitar abusos por parte de los prestadores, se ha previsto expresamente que si en una contratación telefónica o electrónica, el cliente se acogiere a una oferta que previera la aplicación de condiciones distintas a las del contrato suscripto con el prestador, éste deberá enviarle constancia en la que figuren los términos y condiciones de la oferta, con indicación expresa de su plazo de duración.

Que especial y detallada consideración ha merecido, en el reglamento que se aprueba, la obligación de los prestadores de suministrar a los clientes, la información relativa a las características esenciales de los servicios respectivos, estableciéndose en forma explícita los datos mínimos que deberán suministrarse al cliente.

Que en línea con el actual ambiente de convergencia de servicios, se establece que en caso de ofertas conjuntas, el prestador deberá disponer en su sitio web y canales de atención, de un mecanismo comparativo o cotizador actualizado con información relevante, la que será determinada por la Autoridad de Aplicación, de cada uno de los servicios y planes que componen la oferta del prestador, así como la comparación entre diversas ofertas conjuntas y los descuentos aplicados por la contratación de la misma respecto de la tarifa del servicio provisto individualmente.

Que, sin duda, una de las características salientes de este reglamento es el sistema de comunicaciones electrónicas que se establece entre prestadores y clientes, que otorga agilidad y rapidez a los trámites.

Que se ha previsto una minuciosa y detallada regulación de las especificaciones que debe contener el contrato, así como de las cláusulas que resultan prohibidas, estableciéndose que toda modificación contractual que el prestador propusiere debe ser notificada al cliente con antelación, pudiendo éste rescindir el contrato sin costo, en caso de no estar de acuerdo con esa modificación.

Que asimismo, cumpliendo con la expresa premisa sentada por el inciso b) del artículo 2° del Decreto N° 798/2016, se establece que el incumplimiento por parte del prestador de los niveles de calidad fijados en las normas vigentes, comprobado por la Autoridad de Aplicación, dará derecho al cliente a una compensación cuya procedencia, determinación y modalidad de cancelación será establecido por la Autoridad de Aplicación.

Que finalmente, se aprueban normas específicas sobre los principales servicios, esto es, el de Telefonía, de Acceso a Internet y de Radiodifusión por Suscripción.

Que la Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio ha tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en ejercicio de las atribuciones conferidas por la Ley Argentina Digital N° 27.078, el Decreto N° 798 de fecha 21 de junio de 2016 y el artículo 23 octies de la Ley de Ministerios (t.o. 1992) y sus modificaciones.

Por ello,

EL MINISTRO DE MODERNIZACIÓN

RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase como Anexo I (IF-2017-29792502-APN-STIYC#MM) de la presente, el Reglamento de Clientes de los Servicios de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

ARTÍCULO 2°.- La presente resolución entrará en vigencia a partir de los SESENTA (60) días corridos contados desde su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3°.- Deróganse la Resolución N° 490/1997 y los Anexos I y III de la Resolución N° 10.059/1999 ambas de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES, y normas complementarias.

ARTÍCULO 4°.- El Anexo II Resolución N° 10.059/1999 de la ex SECRETARIA DE COMUNICACIONES mantendrá vigencia en lo que resulte de aplicación hasta el dictado del régimen de sanciones previsto por el artículo 63 de la Ley N° 27078. .

ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. — Andrés Horacio Ibarra.

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-.

e. 04/01/2018 N° 248/18 v. 04/01/2018

(Nota Infoleg: Los anexos referenciados en la presente norma han sido extraídos de la edición web de Boletín Oficial. Los mismos pueden consultarse en el siguiente link: Anexos)

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Resolución 5/2018 de la AAIP – relación entre acceso a la información pública y datos personales

Hoy se publica en el BO la Resolución 5-E/2018 mediante la cual la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) crea un procedimiento interno para compatibilizar los casos de acceso a la información púbica y protección de datos personales.

Los considerandos de esta norma explican el posible conflicto entre ambas areas que es muy claro pero que se soluciona con una interpretación armónica de ambos derechos.

Por una parte la ley de acceso a la información pública, tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en Argentina” (art. 1, ley n. 27.275). Por la otra la ley de Protección de Datos Personales tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en … bancos de datos … para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas… conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional” (artículo 1, ley 25.326).

La ley de acceso a la información pública además creó la Agencia de Acceso a la Información Pública. Se trata de un ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública.

A su vez a fines del 2017 (Decreto N°899 del 3 de noviembre de 2017) el gobierno unificó las áreas de protección de datos personales (que estaba en el Ministerio de Justicia) y acceso a la información publica bajo un único organismo, la AAIP. Desde entonces la AAIP funciona con dos direcciones: una de protección de datos personales y otra de acceso a la información publica (Decisión Administrativa 1002 del 15 de noviembre de 2017). Esto además refleja las numerosas experiencias en el derecho comparado (reseñadas en los considerandos de la Resolución que comentamos) como las de Australia, Alemania, México y el Reino Unido, entre otras, que diseñaron organismos reguladores que concentran el control, tanto del acceso a la información pública como de la protección de datos personales, en un solo organismo.

Los considerandos de la norma explican que el principio general que rige es la presunción de publicidad de la información en poder de los organismos públicos, lo cual está expresamente previsto en la ley y reconocido en la jurisprudencia argentina.

Pero también recuerdan los considerandos que hay excepciones al acceso completo de datos personales y en tal sentido los considerandos citan la excepción de privacidad prevista en la ley y su decreto reglamentario.

– la Ley N° 27.275 prevé como una de las limitaciones al acceso a la información pública a aquella información que “contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias” (artículo 8°, inciso i).

– el decreto reglamentario estableció, en lo que respecta al inciso i), que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos.

– asimismo, los sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información” (artículo 8°, inciso i) del Anexo I del Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017).

Luego de enumerar estas normas, los considerandos de la Resolución, siguiendo la jurisprudencia de la Corte Suprema sobre armominzación de derechos concluye que tanto los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales deben ser ejercidos y protegidos de manera armónica. Se concluye que e “que en caso que exista conflicto entre ambos derechos deben aplicarse criterios de proporcionalidad para garantizar y proteger a cada uno de dichos derechos basados en el interés que los justifica” (Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información en Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos).

Se cita asimismo a la Red Iberoamericana de Protección de Datos que sostuvo en un documento del año 2015: “no existe a priori una verdadera colisión, pugna, o conflicto, por lo que no debiera dirigirse la tensión a una realidad iusfilosófica previa, sino más bien, es necesario que las autoridades administrativas competentes, … resuelvan de manera armónica ad casum de la cuestión” (Red IPD, El acceso a la información pública y la protección de los datos personales, México, 4 de noviembre de 2005). Es decir resulta claro que se va a resolver caso por caso, como lo viene haciendo la jurisprudencia y por lo tanto esta norma no resuelve temas de fondo sino de procedimiento interno.

Luego de estas explicaciones la norma en comentario dispone reglas para establecer los mecanismos a implementar ante una posible colisión de estos derechos.

Estas reglas son las siguientes:

  • en los reclamos por incumplimiento previstos en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que afecten o potencialmente puedan afectar la protección de datos personales, debe intervenir la DNDP con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular (art. 1).
  • en las actuaciones vinculadas a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, debe intervenir la DNAIP cuando las mismas pudiesen constituir solicitudes de información pública, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular  (art. 2).
  • en caso de controversia total o parcial entre los informes producidos como consecuencia de las intervenciones referidas en los artículos precedentes, el Director de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA deberá resolver de manera fundada, debiendo especificar las razones que motivaron la adopción o apartamiento de los informes previamente producidos por las Direcciones Nacionales de cada temática.

Aunque no resuelve el fondo de la cuestión, que va quedar sujeto al análisis de cada caso concreto, la norma nos parece positiva.

Recordamos que en el pasado, el anterior gobierno había usado la ley de datos personales como una excusa para para no cumplir con el decreto de acceso a la información pública (mas allá de la buena fe en la interpretación de las normas vigentes que pudo haber tenido algún funcionario). En tal sentido, en muchos casos, se había denegado el acceso a la información claramente pública de contratos administrativos públicos, del sueldo de la Presidenta, de listados de subsidios, o de legajos de sociedades en casos de corrupción siempre invocando la ley de datos personales. Hay un excelente informe de ADC que documenta todos estos casos, y los litigios que llegaron a la justicia son muestra acabada del tema.

Esta norma apunta a que esos abusos no ocurran mas a futuro.

Resolución 5-E/2018 de la AAIP

AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Resolución 5-E/2018

Ciudad de Buenos Aires, 02/02/2018

VISTO el EX-2018-02813107-APN-AAIP, la Ley N° 27.275, la Ley N° 25.326, el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, el Decreto Nº 206 del 27 de marzo de 2017, el Decreto Nº 746 del 25 de septiembre de 2017 y el Decreto Nº 899 del 3 de noviembre de 2017 y

CONSIDERANDO:

 

Que la Ley de Acceso a la Información Pública N° 27.275, tiene por objeto “garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública en Argentina” (artículo 1°).

Que dicha norma creó la Agencia de Acceso a la Información Pública como ente autárquico con autonomía funcional en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros con el objeto de “velar por el cumplimiento de los principios y procedimientos establecidos en la [Ley N° 27.275] garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover medidas de transparencia activa y actuar como Autoridad de Aplicación de la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326” (artículo 19 de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios).

Que la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326 tiene por objeto “la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos, o privados destinados a dar informes, para garantizar el derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la información que sobre las mismas se registre, de conformidad a lo establecido en el artículo 43, párrafo tercero de la Constitución Nacional” (artículo 1°).

Que el Decreto N° 1558 del 29 de noviembre de 2001, reglamentario de la Ley N° 25.326, creó la DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, en la órbita de la SECRETARÍA DE JUSTICIA Y ASUNTOS LEGISLATIVOS del MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS, como órgano de control de la mencionada ley (Anexo I, artículo 29).

Que el Decreto N°899 del 3 de noviembre de 2017 sustituyó el artículo 29 del Anexo I del Decreto Nº 1558/01, estableciendo que “la Agencia de Acceso a la Información Pública, conforme los términos del artículo 19 de la Ley N° 27.275, sustituido por el artículo 11 del Decreto N° 746/17, es el órgano de control de la Ley Nº 25.326” (artículo 1°).

Que dada la relevancia de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, es indispensable establecer un diseño institucional suficiente para garantizar su protección y ejercicio de manera adecuada.

Que para ello es necesario constituir instituciones dotadas de garantías de independencia para el cumplimiento de sus obligaciones de control.

Que existen en el mundo numerosas experiencias en el derecho comparado como las de Australia, Alemania, México y el Reino Unido, entre otras, que diseñaron oficinas que concentran el control, tanto del acceso a la información pública como de la protección de datos personales, en un solo organismo.

Que a modo de ejemplo, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México tiene entre sus objetivos principales el de Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido tratamiento de datos personales. (disponible en http://inicio.inai.org.mx/SitePages/misionViosionObjetivos.aspx, última fecha de consulta 12/1/2018).

Que teniendo presente que el principio general que rige es la presunción de publicidad de la información en poder de los organismos públicos, es dable recordar que las normas que legislan la materia deben tener un régimen limitado de excepciones basadas en la protección de otros derechos o intereses, en las que se pueden identificar a aquellas en virtud de la protección de un interés general superior – ejemplo: Seguridad nacional- o la protección de particulares y su intimidad.

Que en este sentido la Ley N° 27.275 prevé como una de las limitaciones al acceso a la información pública a aquella información que “contenga datos personales y no pueda brindarse aplicando procedimientos de disociación, salvo que se cumpla con las condiciones de licitud previstas en la ley 25.326 de protección de datos personales y sus modificatorias” (artículo 8°, inciso i).

Que su decreto reglamentario estableció, en lo que respecta al inciso i), que “la excepción será inaplicable cuando el titular del dato haya prestado consentimiento para su divulgación; o cuando de las circunstancias del caso pueda presumirse que la información fue entregada por su titular al sujeto obligado con conocimiento de que la misma estaría sujeta al régimen de publicidad de la gestión estatal; o cuando los datos estén relacionados con las funciones de los funcionarios públicos. Asimismo, los sujetos obligados no podrán invocar esta excepción si el daño causado al interés protegido es menor al interés público de obtener la información” (artículo 8°, inciso i) del Anexo I del Decreto N° 206 del 27 de marzo de 2017).

Que por lo tanto los derechos de acceso a la información pública y a la protección de datos personales deben ser ejercidos y protegidos de manera armónica.

Que en caso que exista conflicto entre ambos derechos deben aplicarse criterios de proporcionalidad para garantizar y proteger a cada uno de dichos derechos basados en el interés que los justifica (Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información en Resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) del Comité Jurídico Interamericano de la Organización de los Estados Americanos).

Que para resolver en esos casos y determinar el interés superior a ser protegido debe existir una autoridad en el ámbito de la Administración Pública que resuelva de manera fundada y motivada.

Que como ha dicho la Red Iberoamericana de Protección de Datos “no existe a priori una verdadera colisión, pugna, o conflicto, por lo que no debiera dirigirse la tensión a una realidad iusfilosófica previa, sino más bien, es necesario que las autoridades administrativas competentes, … resuelvan de manera armónica ad casum de la cuestión” (Red IPD, El acceso a la información pública y la protección de los datos personales, México, 4 de noviembre de 2005, disponible en http://www.redipd.es/actividades/encuentros/IV/common/mexico_acceso_definitivo.pdf).

Que el actual diseño institucional de la Agencia de Acceso a la Información se ajusta a estándares internacionales, cumpliendo con las garantías de independencia y autonomía del organismo para el desarrollo de sus obligaciones.

Que, asimismo, a través de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017 se aprobó la estructura organizativa de primer nivel, quedando la Agencia de Acceso a la Información Pública conformada por 3 Direcciones: Dirección de Acceso a la Información Pública, Dirección de Protección de Datos Personales y Dirección de Informática e Innovación, siendo las dos primeras Direcciones Nacionales de igual jerarquía.

Que en concordancia con este diseño institucional es indispensable contar con reglas para establecer los mecanismos a implementar ante una posible colisión de derechos, a efectos de llevar adelante una correcta ponderación y protección de ellos.

Que la DIRECCIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS de la SECRETARÍA DE RELACIONES PARLAMENTARIAS Y ADMINISTRACIÓN de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS ha tomado la intervención que le compete, en los términos del artículo 6° de la Decisión Administrativa N° 1002 del 15 de noviembre de 2017.

Que la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ha tomado debida intervención.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 19 y 24 de la Ley N° 27.275, modificatorios y complementarios.

Por ello,

EL DIRECTOR DE LA AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º.- Establécese como procedimiento interno de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la obligatoriedad de la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DATOS PERSONALES, dependiente de la misma, en los reclamos por incumplimiento previstos en la Ley N° 27.275 de Acceso a la Información Pública, que afecten o potencialmente puedan afectar la protección de datos personales, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será incorporado al Expediente Electrónico generado.

ARTÍCULO 2º.- Establécese como procedimiento interno de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, la obligatoriedad de la intervención de la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, dependiente de la misma, en las actuaciones vinculadas a la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales, cuando las mismas pudiesen constituir solicitudes de información pública, con la finalidad de que esa Dirección emita un informe respecto al caso particular, el que será incorporado al Expediente Electrónico generado.

ARTÍCULO 3º.- En caso de controversia total o parcial entre los informes producidos como consecuencia de las intervenciones referidas en los artículos precedentes, el Director de la AGENCIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA deberá resolver de manera fundada, debiendo especificar las razones que motivaron la adopción o apartamiento de los informes previamente producidos por las Direcciones Nacionales de cada temática.

ARTÍCULO 4º.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. — Eduardo Andrés Bertoni.

e. 05/02/2018 N° 6202/18 v. 05/02/2018

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TJUE: caso Schrems v. Facebook Ireland (Schrems 2)

 

SENTENCIA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera)

de 25 de enero de 2018 (*)

«Procedimiento prejudicial — Espacio de libertad, seguridad y justicia — Reglamento (CE) n.º 44/2001 — Artículos 15 y 16 — Competencia judicial en materia de contratos celebrados por los consumidores — Concepto de “consumidor” — Cesión entre consumidores de derechos que pueden ejercerse frente a un mismo profesional»

En el asunto C‑498/16,

que tiene por objeto una petición de decisión prejudicial planteada, con arreglo al artículo 267 TFUE, por el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria), mediante resolución de 20 de julio de 2016, recibida en el Tribunal de Justicia el 19 de septiembre de 2016, en el procedimiento entre

Maximilian Schrems

y

Facebook Ireland Limited,

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA (Sala Tercera),

integrado por el Sr. L. Bay Larsen, Presidente de Sala, y los Sres. J. Malenovský, M. Safjan (Ponente), D. Šváby y M. Vilaras, Jueces;

Abogado General: Sr. M. Bobek;

Secretario: Sr. M. Aleksejev, administrador;

habiendo considerado los escritos obrantes en autos y celebrada la vista el 19 de julio de 2017;

consideradas las observaciones presentadas:

–        en nombre del Sr. Schrems, por los Sres. W. Proksch y H. Hofmann, Rechtsanwälte;

–        en nombre de Facebook Ireland Limited, por los Sres. N. Pitkowitz, M. Foerster y K. Struckmann, Rechtsanwälte;

–        en nombre del Gobierno austriaco, por los Sres. G. Eberhard y G. Kunnert, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno alemán, por los Sres. T. Henze, R. Kanitz y M. Hellmann, en calidad de agentes;

–        en nombre del Gobierno portugués, por los Sres. M. Figueiredo y L. Inez Fernandes y la Sra. S. Duarte Afonso, en calidad de agentes;

–        en nombre de la Comisión Europea, por el Sr. M. Wilderspin y la Sra. M. Heller, en calidad de agentes;

oídas las conclusiones del Abogado General, presentadas en audiencia pública el 14 de noviembre de 2017;

dicta la siguiente

Sentencia

1        La petición de decisión prejudicial tiene por objeto la interpretación de los artículos 15 y 16 del Reglamento (CE) n.º 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2001, L 12, p. 1).

2        Esta petición se ha presentado en el contexto de un litigio entre el Sr. Maximilian Schrems, con domicilio en Austria, y Facebook Ireland Limited, cuyo domicilio social se encuentra en Irlanda, relativo a las pretensiones de declaración, cesación, información, rendición de cuentas y pago de la suma de 4 000 euros en relación con las cuentas privadas de Facebook tanto del Sr. Schrems como de siete personas más que le cedieron sus derechos respecto de tales cuentas.

 Marco jurídico

 Reglamento n.º 44/2001

3        A tenor de los considerandos 8, 11 y 13 del Reglamento n.º 44/2001:

«(8)      Los litigios a los que se aplica el presente Reglamento deben presentar un nexo con el territorio de los Estados miembros sujetos a dicho Reglamento. Por consiguiente, las reglas comunes sobre competencia judicial se aplicarán, en principio, cuando el demandado esté domiciliado en uno de dichos Estados miembros.

[…]

(11)      Las reglas de competencia judicial deben presentar un alto grado de previsibilidad y deben fundamentarse en el principio de que la competencia judicial se basa generalmente en el domicilio del demandado y esta competencia debe regir siempre, excepto en algunos casos muy concretos en los que la materia en litigio o la autonomía de las partes justifique otro criterio de vinculación. Respecto de las personas jurídicas, debe definirse el domicilio de manera autónoma para incrementar la transparencia de las reglas comunes y evitar los conflictos de jurisdicción.

[…]

(13)      En cuanto a los contratos de seguros, de los celebrados por los consumidores o de trabajo, es oportuno proteger a la parte más débil mediante reglas de competencia más favorables a sus intereses de lo que disponen las reglas generales.»

4        El artículo 2 del referido Reglamento establece lo siguiente:

«1.      Salvo lo dispuesto en el presente Reglamento, las personas domiciliadas en un Estado miembro estarán sometidas, sea cual fuere su nacionalidad, a los órganos jurisdiccionales de dicho Estado.

2.      A las personas que no tuvieren la nacionalidad del Estado miembro en que estén domiciliadas les serán de aplicación las reglas de competencia judicial que se aplicaren a los nacionales.»

5        La sección 4 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001, titulada «Competencia en materia de contratos celebrados por los consumidores», comprende los artículos 15 a 17.

6        El artículo 15 del citado Reglamento dispone lo siguiente:

«1.      En materia de contratos celebrados por una persona, el consumidor, para un uso que pudiere considerarse ajeno a su actividad profesional, la competencia quedará determinada por la presente sección, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4 y en el punto 5 del artículo 5:

a)      cuando se tratare de una venta a plazos de mercaderías;

b)      cuando se tratare de un préstamo a plazos o de otra operación de crédito vinculada a la financiación de la venta de tales bienes;

c)      en todos los demás casos, cuando la otra parte contratante ejerciere actividades comerciales o profesionales en el Estado miembro del domicilio del consumidor o, por cualquier medio, dirigiere tales actividades a dicho Estado miembro o a varios Estados miembros, incluido este último, y el contrato estuviere comprendido en el marco de dichas actividades.

2.      Cuando el cocontratante del consumidor no estuviere domiciliado en un Estado miembro, pero poseyere una sucursal, agencia o cualquier otro establecimiento en un Estado miembro, se considerará para todos los litigios relativos a su explotación que está domiciliado en dicho Estado.

3.      La presente sección no se aplicará al contrato de transporte, salvo el caso de los que, por un precio global, ofrecen una combinación de viaje y alojamiento.»

7        El artículo 16 de dicho Reglamento establece lo siguiente:

«1.      La acción entablada por un consumidor contra la otra parte contratante podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliada dicha parte o ante el tribunal del lugar en que estuviere domiciliado el consumidor.

2.      La acción entablada contra el consumidor por la otra parte contratante sólo podrá interponerse ante los tribunales del Estado miembro en que estuviere domiciliado el consumidor.

3.      El presente artículo no afectará al derecho de presentar una reconvención ante el tribunal que entendiere de una demanda principal de conformidad con la presente sección.»

8        El artículo 17 de ese mismo Reglamento tiene la siguiente redacción:

«Únicamente prevalecerán sobre las disposiciones de la presente sección los acuerdos atributivos de competencia:

1)      posteriores al nacimiento del litigio; o

2)      que permitieren al consumidor formular demandas ante tribunales distintos de los indicados en la presente sección; o

3)      que habiéndose celebrado entre un consumidor y su cocontratante, domiciliados o con residencia habitual en el mismo Estado miembro en el momento de la celebración del contrato, atribuyeren competencia a los tribunales de dicho Estado miembro, a no ser que la ley de éste prohibiere tales acuerdos.»

 Reglamento (UE) n.º 1215/2012

9        El Reglamento (UE) n.º 1215/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2012, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 2012, L 351, p. 1), ha derogado el Reglamento n.º 44/2001. Ahora bien, de conformidad con su artículo 66, apartado 1, el Reglamento n.º 1215/2012 solamente se aplica a las acciones judiciales ejercitadas a partir del 10 de enero de 2015.

 Litigio principal y cuestiones prejudiciales

10      El Sr. Schrems es usuario de la red social Facebook desde 2008. Inicialmente utilizaba dicha red social con fines exclusivamente privados y bajo un nombre ficticio. Desde 2010 se sirve de una cuenta de Facebook solamente para sus actividades privadas, como el intercambio de fotos, el chateo y la publicación de aportaciones; tiene aproximadamente doscientos cincuenta amigos. En esa cuenta escribe su nombre en caracteres cirílicos, para evitar que se le busque con su nombre. Asimismo, desde 2011 tiene abierta una página de Facebook, registrada y creada por él mismo, a fin de informar a los internautas sobre sus acciones contra Facebook Ireland, sus conferencias, sus participaciones en debates públicos y sus apariciones en los medios, además de para solicitar donaciones y hacer publicidad de sus libros.

11      Desde agosto de 2011, el Sr. Schrems ha presentado ante la comisión irlandesa de protección de datos veintitrés reclamaciones contra Facebook Ireland, una de las cuales dio origen a una petición de decisión prejudicial ante el Tribunal de Justicia (sentencia de 6 de octubre de 2015, Schrems, C‑362/14, EU:C:2015:650).

12      El Sr. Schrems ha publicado dos libros en relación con su actuación contra supuestas infracciones en materia de protección de datos; ha pronunciado conferencias (en ocasiones, remuneradas), entre otros eventos, en actos comerciales, y ha registrado numerosos sitios web, como blogs, peticiones en línea y sitios de financiación colectiva de procedimientos contra la demandada en el litigio principal. Además, ha fundado una asociación para que se respete el derecho fundamental a la protección de datos; ha recibido diversos premios, y más de veinticinco mil personas de todo el mundo le han cedido derechos para que los ejerza en el presente procedimiento.

13      La asociación fundada por el Sr. Schrems para que se respete la protección de datos no tiene ánimo de lucro y tiene por objeto lograr que se respete al derecho fundamental a la protección de datos, realizar la necesaria labor de divulgación y de presencia en los medios y de información política. Su objetivo es apoyar financieramente procesos-modelo de interés general contra empresas que puedan poner en peligro dicho derecho fundamental. Se trata también de reunir los fondos necesarios, para lo cual recauda, administra y distribuye donaciones.

14      El Sr. Schrems alega, fundamentalmente, que la demandada es responsable de numerosas infracciones de disposiciones en materia de protección de datos, en particular de la Datenschutzgesetz 2000 (Ley austriaca de protección de datos de 2000), de la Data Protection Act 1988 (Ley irlandesa de protección de datos de 1988) o de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (DO 1995, L 281, p. 31).

15      El Sr. Schrems ha formulado, ante el Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional Civil de Viena, Austria), pretensiones detalladas, en primer lugar, de carácter declarativo, por lo que respecta a la mera condición de prestador de servicios de la demandada en el litigio principal y a la sujeción de ésta a las instrucciones de terceros, o a su condición de mandante cuando el tratamiento de los datos se realiza para sus propios fines, así como a la invalidez de las cláusulas contractuales relativas a las condiciones de uso; en segundo lugar, de cesación, por lo que respecta al uso de sus datos para sus propios fines o para los fines de terceros; en tercer lugar, de información, sobre el uso de sus datos y, en cuarto lugar, de rendición de cuentas y de ejecución, en relación con la modificación de las condiciones de contratación, la indemnización y el enriquecimiento sin causa.

16      Afirma basarse para ello tanto en sus propios derechos como en los derechos similares que otras siete personas que han contratado con la demandada en el litigio principal, también consumidores y residentes en Austria, Alemania y la India, le cedieron en vista de sus actuaciones contra Facebook Ireland.

17      Según el Sr. Schrems, el referido órgano jurisdiccional era internacionalmente competente por ser el fuero del consumidor, con arreglo al artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001.

18      Facebook Ireland formuló, en particular, la excepción de falta de competencia internacional.

19      El Landesgericht für Zivilrechtssachen Wien (Tribunal Regional Civil de Viena) desestimó la demanda del Sr. Schrems, debido a que éste, dado que utilizaba Facebook también para fines profesionales, no podía invocar el fuero del consumidor. Según dicho órgano jurisdiccional, el fuero privado del cedente no puede ser transmitido al cesionario.

20      El Sr. Schrems interpuso recurso de apelación contra el auto de primera instancia ante el Oberlandesgericht Wien (Tribunal Superior Regional de Viena, Austria), que modificó parcialmente dicha resolución. Estimó las pretensiones relacionadas con el contrato celebrado personalmente entre el demandante en el litigio principal y la demandada en el litigio principal. En cambio, desestimó el recurso en la medida en que tenía por objeto los derechos cedidos, debido a que el fuero del consumidor está reservado al demandante en el litigio principal cuando formula pretensiones propias. Por consiguiente, el Sr. Schrems no podía lograr que se aplicase el artículo 16, apartado 1, segundo supuesto, del Reglamento n.º 44/2001 cuando invocaba derechos cedidos. Sin embargo, en todo lo demás, el referido órgano jurisdiccional desestimó las objeciones procesales de Facebook Ireland.

21      Ambas partes han recurrido en casación contra esta resolución ante el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal, Austria).

22      Dicho órgano jurisdiccional señala que, si se calificase de «consumidor» al demandante en el litigio principal, el procedimiento debería tramitarse en Viena. Lo mismo sucedería con los procedimientos relativos a los derechos de los consumidores residentes en dicha ciudad. No supondría una carga adicional importante para la demandada en el litigio principal el hecho de que el presente procedimiento tuviese por objeto también ejercer frente a ella otros derechos cedidos.

23      No obstante, el órgano jurisdiccional remitente considera que, a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, no es posible responder con la certeza requerida a la cuestión de en qué medida un consumidor a quien otros consumidores han cedido sus derechos para su ejercicio colectivo puede invocar el fuero del consumidor.

24      En estas circunstancias, el Oberster Gerichtshof (Tribunal Supremo Civil y Penal) decidió suspender el procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia las siguientes cuestiones prejudiciales:

«1)      ¿Debe interpretarse el artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001 […] en el sentido de que un “consumidor” a los efectos de dicha disposición pierde tal condición cuando, tras un uso prolongado de una cuenta privada de Facebook, publica libros en relación con el ejercicio de sus derechos, en ocasiones pronuncia también conferencias remuneradas, gestiona sitios web, recauda donaciones para el ejercicio de acciones y acepta la cesión de acciones de numerosos consumidores a cambio de la promesa de entregarles las cantidades que eventualmente se obtengan en el procedimiento, una vez deducidos los costes procesales?

2)      ¿Debe interpretarse el artículo 16 del Reglamento n.º 44/2001 en el sentido de que un consumidor también puede ejercitar en un Estado miembro, en el fuero del demandante, junto con sus propias acciones derivadas de un contrato celebrado con consumidores, pretensiones en idéntico sentido de otros consumidores con residencia en:

a)      el mismo Estado miembro,

b)      en otro Estado miembro, o

c)      en un tercer país,

que, derivadas de contratos celebrados por consumidores con la misma parte demandada y en el mismo contexto jurídico, le hayan sido cedidas por dichos consumidores, siempre que el contrato de cesión no se inserte en la actividad empresarial o profesional del demandante, sino que persiga el ejercicio colectivo de las pretensiones?»

 Sobre las cuestiones prejudiciales

 Primera cuestión prejudicial

25      Mediante su primera cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.

26      Con carácter previo, procede recordar que, en la medida en que el Reglamento n.º 44/2001 sustituye al Convenio de 27 de septiembre de 1968 relativo a la competencia judicial y a la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil (DO 1972, L 299, p. 32; texto consolidado en DO 1998, C 27, p. 1), en su versión modificada por los posteriores convenios de adhesión de los nuevos Estados miembros a este Convenio, la interpretación dada por el Tribunal de Justicia en relación con las disposiciones de dicho Convenio es igualmente válida para las del citado Reglamento, cuando las normas de estos instrumentos puedan calificarse de «equivalentes» (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 21 y jurisprudencia), como ocurre en el presente asunto.

27      En el sistema del Reglamento n.º 44/2001, la competencia de los órganos jurisdiccionales del Estado miembro en el que el demandado tiene su domicilio constituye el principio general, enunciado en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento, y sólo como excepción a este principio contempla dicha disposición determinados casos, enumerados de forma taxativa, en los que la acción judicial contra el demandado puede o debe entablarse ante un órgano jurisdiccional de otro Estado miembro. En consecuencia, las reglas de competencia que constituyen excepciones a este principio general son de interpretación estricta, en el sentido de que no pueden dar lugar a una interpretación que vaya más allá de los supuestos contemplados expresamente por el citado Reglamento (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 32).

28      Si bien los conceptos utilizados en el Reglamento n.º 44/2001 y, en particular, los que figuran en el artículo 15, apartado 1, de éste deben interpretarse de forma autónoma, principalmente con referencia al sistema y a los objetivos de dicho Reglamento, para garantizar su aplicación uniforme en todos los Estados miembros (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 22 y jurisprudencia citada), para garantizar el cumplimiento de los objetivos perseguidos por el legislador europeo en el sector de los contratos celebrados por los consumidores y la coherencia del Derecho de la Unión, procede tener en cuenta el concepto de «consumidor» contenido en otras normativas del Derecho de la Unión (sentencia de 5 de diciembre de 2013, Vapenik, C‑508/12, EU:C:2013:790, apartado 25).

29      A este respecto, el Tribunal de Justicia ha precisado que el concepto de «consumidor» en el sentido de los artículos 15 y 16 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse de forma restrictiva, en relación con la posición de esta persona en un contrato determinado y con la naturaleza y la finalidad de éste, y no con la situación subjetiva de dicha persona, dado que una misma persona puede ser considerada consumidor respecto de ciertas operaciones y operador económico respecto de otras (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, apartado 16, y de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 36).

30      El Tribunal de Justicia ha inferido de lo anterior que sólo a los contratos celebrados fuera e independientemente de cualquier actividad o finalidad profesional, con el único objetivo de satisfacer las propias necesidades de consumo privado de un individuo, les es de aplicación el régimen específico establecido por dicho Reglamento para la protección del consumidor como parte considerada económicamente más débil, mientras que esta protección no se justifica en el caso de contratos cuyo objeto consiste en una actividad profesional (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 36).

31      De lo anterior se desprende que, en principio, las reglas de competencia específicas de los artículos 15 a 17 del Reglamento n.º 44/2001 solamente se aplican en el supuesto de que la finalidad del contrato celebrado entre las partes tenga por objeto un uso que no sea profesional del bien o servicio de que se trata (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 37).

32      Por lo que respecta, más concretamente, a una persona que celebra un contrato para un uso que está relacionado parcialmente con su actividad profesional y que, por tanto, tan sólo es parcialmente ajeno a ésta, el Tribunal de Justicia ha considerado que podría ampararse en dichas disposiciones únicamente en el supuesto de que el vínculo de dicho contrato con la actividad profesional del interesado fuera tan tenue que pudiera considerarse marginal y, por tanto, sólo tuviera un papel insignificante en el contexto de la operación, considerada globalmente, respecto de la cual se hubiera celebrado el contrato (véase, en este sentido, la sentencia de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 39).

33      A la luz de estos principios debe examinarse si un usuario de una cuenta de Facebook no pierde la condición de «consumidor», en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001, en circunstancias como las que son objeto del procedimiento principal.

34      A este respecto, de la resolución de remisión se desprende, en particular, que el Sr. Schrems utilizó inicialmente, entre 2008 y 2010, una cuenta de Facebook que había abierto exclusivamente con fines privados, mientras que, desde el año 2011, utiliza también una página de Facebook.

35      Según el demandante en el litigio principal, existen dos contratos distintos, concretamente uno para la página de Facebook y otro para la cuenta de Facebook. En cambio, según Facebook Ireland, la cuenta de Facebook y la página de Facebook forman parte de una única relación contractual.

36      Si bien corresponde al órgano jurisdiccional remitente determinar si el Sr. Schrems y Facebook Ireland están efectivamente vinculados por uno o por más contratos y extraer de ello las consecuencias por lo que se refiere a la condición de «consumidor», debe puntualizarse que ni siquiera una posible vinculación contractual entre la cuenta de Facebook y la página de Facebook prejuzgaría la apreciación de tal condición a la luz de los principios mencionados en los apartados 29 a 32 de la presente sentencia.

37      Al llevar a cabo tal apreciación, conforme a la exigencia, recordada en el apartado 29 de la presente sentencia, de interpretar de manera restrictiva el concepto de «consumidor» en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001, procede tener en cuenta sobre todo, en el caso de los servicios de una red social digital que van a ser utilizados durante un largo período de tiempo, la evolución posterior del uso que se hace de dichos servicios.

38      Esta interpretación implica, en particular, que un demandante usuario de tales servicios sólo podría invocar la condición de consumidor si el uso esencialmente no profesional de tales servicios para el cual celebró inicialmente un contrato no ha adquirido con posterioridad un carácter esencialmente profesional.

39      En cambio, dado que el concepto de «consumidor» se define por oposición al de «operador económico» (véanse, en este sentido, las sentencias de 3 de julio de 1997, Benincasa, C‑269/95, EU:C:1997:337, apartado 16, y de 20 de enero de 2005, Gruber, C‑464/01, EU:C:2005:32, apartado 36) y que es independiente de los conocimientos y de la información de que la persona de que se trate dispone realmente (sentencia de 3 de septiembre de 2015, Costea, C‑110/14, EU:C:2015:538, apartado 21), ni la especialización que esa persona pueda alcanzar en el ámbito del que forman parte dichos servicios ni su implicación activa en la representación de los derechos e intereses de los usuarios de éstos le privan de la condición de «consumidor» en el sentido del artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001.

40      En efecto, una interpretación del concepto de «consumidor» que excluyese tales actividades equivaldría a impedir una defensa efectiva de los derechos que tienen los consumidores frente a sus cocontratantes profesionales, incluidos los relativos a la protección de sus datos personales. Tal interpretación no tendría en cuenta el objetivo formulado en el artículo 169 TFUE, apartado 1, de promover su derecho a organizarse para salvaguardar sus intereses.

41      Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede responder a la primera cuestión prejudicial que el artículo 15 del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.

 Sobre la segunda cuestión prejudicial

42      Mediante su segunda cuestión prejudicial, el órgano jurisdiccional remitente pregunta, en esencia, si el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.

43      A este respecto, ha de recordarse, antes de nada, que las reglas de competencia que figuran en la sección 4 del capítulo II del Reglamento n.º 44/2001 constituyen una excepción tanto a la regla general de competencia establecida en el artículo 2, apartado 1, del referido Reglamento, que atribuye la competencia a los órganos jurisdiccionales del Estado miembro del domicilio del demandado, como a la regla de competencia especial en materia de contratos, que figura en el artículo 5, punto 1, de dicho Reglamento, según la cual el tribunal competente es el del lugar en el que hubiere sido o debiere ser cumplida la obligación que sirviere de base a la demanda. Así, tales reglas han de ser necesariamente objeto de una interpretación estricta (véase la sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 28 y jurisprudencia citada).

44      Además, el Tribunal de Justicia ya ha señalado que, dado que el régimen particular establecido en los artículos 15 y siguientes del Reglamento n.º 44/2001 está inspirado por el interés en proteger al consumidor como parte del contrato considerada económicamente más débil y jurídicamente menos experimentada que su cocontratante, sólo se protege al consumidor cuando es personalmente demandante o demandado en un procedimiento. Por tanto, el demandante que no es, él mismo, parte en el contrato celebrado con consumidores de que se trate no puede acogerse al fuero del consumidor (véase, en este sentido, la sentencia de 19 de enero de 1993, Shearson Lehman Hutton, C‑89/91, EU:C:1993:15, apartados 18, 23 y 24). Estas consideraciones deben ser válidas también por lo que respecta a un consumidor cesionario de los derechos de otros consumidores.

45      En efecto, las reglas sobre competencia establecidas en materia de contratos celebrados por los consumidores en el artículo 16, apartado 1, del citado Reglamento se aplican, con arreglo al tenor de dicho artículo, sólo a la acción interpuesta por el consumidor contra la otra parte contratante, lo que implica necesariamente la conclusión de un contrato por parte del consumidor con el profesional demandado (sentencia de 28 de enero de 2015, Kolassa, C‑375/13, EU:C:2015:37, apartado 32).

46      El requisito relativo a la existencia de un contrato celebrado entre el consumidor y el profesional demandado permite garantizar la previsibilidad de la atribución de competencia, uno de los objetivos del Reglamento n.º 44/2001, como se desprende del considerando 11 de éste.

47      Por último, frente a lo alegado en el presente procedimiento por el Sr. Schrems y por los Gobiernos austriaco y alemán, el hecho de que el cesionario consumidor pueda en todo caso interponer una acción ante el tribunal del lugar de su domicilio en virtud de los derechos que para él personalmente se derivan de un contrato celebrado con el demandado, análogos a los que le han sido cedidos, no puede hacer que éstos queden también sometidos a la competencia de dicho tribunal.

48      En efecto, como el Tribunal de Justicia ha precisado en otro contexto, una transmisión de créditos no puede, en sí misma, tener incidencia sobre la determinación del tribunal competente (sentencias de 18 de julio de 2013, ÖFAB, C‑147/12, EU:C:2013:490, apartado 58, y de 21 de mayo de 2015, CDC Hydrogen Peroxide, C‑352/13, EU:C:2015:335, apartado 35). De ello se desprende que la competencia de otros tribunales distintos de los enumerados de manera explícita por el Reglamento n.º 44/2001 no puede establecerse mediante la concentración de varios derechos en manos de un único demandante. Por consiguiente, como ha señalado el Abogado General, en esencia, en el punto 98 de sus conclusiones, una cesión como la controvertida en el litigio principal no puede fundamentar un nuevo fuero específico en favor del consumidor cesionario.

49      Habida cuenta del conjunto de consideraciones que anteceden, procede responder a la segunda cuestión prejudicial que el artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.

 Costas

50      Dado que el procedimiento tiene, para las partes del litigio principal, el carácter de un incidente promovido ante el órgano jurisdiccional nacional, corresponde a éste resolver sobre las costas. Los gastos efectuados por quienes, no siendo partes del litigio principal, han presentado observaciones ante el Tribunal de Justicia no pueden ser objeto de reembolso.

En virtud de todo lo expuesto, el Tribunal de Justicia (Sala Tercera) declara:

1)      El artículo 15 del Reglamento (CE) n.º°44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil, debe interpretarse en el sentido de que un usuario de una cuenta privada de Facebook no pierde la condición de «consumidor» en el sentido de ese artículo cuando publica libros, pronuncia conferencias, gestiona sitios web, recauda donaciones y acepta la cesión de los derechos de numerosos consumidores para ejercerlos ante los tribunales.

2)      El artículo 16, apartado 1, del Reglamento n.º 44/2001 debe interpretarse en el sentido de que no se aplica a la acción de un consumidor con la que pretende ejercer ante el tribunal del lugar en el que está domiciliado no sólo sus propios derechos, sino también derechos cedidos por otros consumidores domiciliados en el mismo Estado miembro, en otros Estados miembros o en terceros Estados.

Firmas