Algunas estadísticas sobre los reclamos de habeas data en la Argentina

Durante los años 2014 y 2015 realizamos una investigación en la Universidad de San Andrés sobre el estado de la privacidad en la República Argentina dentro del Proyecto PRIVACY INTERNATIONAL. El estudio completo se publicará próximamente en este blog. Parte…
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Durante los años 2014 y 2015 realizamos una investigación en la Universidad de San Andrés sobre el estado de la privacidad en la República Argentina dentro del Proyecto PRIVACY INTERNATIONAL. El estudio completo se publicará próximamente en este blog.

Parte de ese estudio consistió en analizar alrededor de 365 decisiones judiciales adoptadas en materia de habeas data y protección de datos personales, dictadas entre los años 1994 y 2015. Las causas tramitaron en algunos casos invocando solo el art. 43 de la Constitución Nacional (entre 1994 y 2000) o la ley 25.326 (a partir del año 2000). Esta cifra no incluye la totalidad de los casos tramitados en Argentina sino sólo una muestra representativa de los mismos obtenida de bases de datos de jurisprudencia. Intentamos obtener la totalidad de casos tramitados en algunos fueros pero no fue posible rastrear todos los casos decididos. Por ejemplo la Cámara Civil de Apelaciones se negó a proporcionarnos los datos solicitados invocando una acordada que limita el acceso a la información pública.

Las decisiones que encontramos fueron clasificadas por parte actora y demandada, motivo del pleito, objeto o pretensión procesal, año de inicio y resultado.

El resultado fue el siguiente. El 67% de los casos judiciales de habeas data presentados en Argentina de la muestra analizada se realizaron para solicitar el acceso, rectificación o supresión de informes comerciales o crediticios. De ese porcentaje, el 11% basó su decisión en el derecho de olvido.

Respecto a la división sector privado o público, sólo el 33% de demandas fueron contra el Estado nacional o provincial por el supuesto uso inadecuado de datos personales. El porcentaje se refiere a los casos iniciados contra la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de las provincias del país, el ejército, el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la Policía Federal Argentina, la Prefectura Naval Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), el Ministerio del Interior, el Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas, el Registro Nacional de Reincidencia, la Administración Nacional de Seguridad Social, el Servicio de Inteligencia, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Defensa y el Registro Nacional de la Propiedad Automotor.

En cuanto a las materias, el 67% de casos son por asuntos de informes comerciales o crediticios. A veces estos reclamos no sólo tienen empresas privadas sino que también incluyen a la base de datos del BCRA. El resto de reclamos contra el sector privado, es decir el 33%, incluyen reclamos contra empresas del rubro de telecomunicaciones, casinos, hospitales privados, buscadores online, tabacaleras y diarios entre otras.

Esta concentración de las demandas de habeas data en el rubro de empresas de informes comerciales demuestra que en la práctica el consumidor o titular del dato personal sólo se preocupa de sus datos personales cuando no puede obtener crédito o tiene algún problema financiero, pero no parece existir una conciencia más amplia como la que existe en Europa sobre el adecuado tratamiento de los datos personales a nivel mas general.

Asimismo, la investigación sirvió para comprobar que se ha incrementado la presentación de casos de habeas data y protección de datos por año, desde la introducción de la figura de habeas data en la reforma constitucional del año 1994. Además, en el 63,6% de los casos se admitió la pretensión y se resolvió de forma favorable al actor. En el 30,87% se rechazó la acción y en el 5,52% se declaró la causa abstracta (lo que refleja la posibilidad del demandado de modificar el dato y finalizar el pleito).

Esto es positivo porque demuestra que se trata de una herramienta constitucional que los titulares de datos están comenzando a usar más y más en procura de sus derechos fundamentales.

Lucila González Bréard

lgb@allendebrea.com.ar

Pablo A. Palazzi

ppalazzi@udesa.edu.ar