Comentario al libro de Esteban Ruiz Martinez

COMENTARIO “Protección de los datos personales en los informes crediticios”, del Dr. Esteban Ruiz Martínez, Editorial Hammurabi, 2015. comentado por Pablo A. Palazzi La obra que comentamos es la tesis doctoral del autor, que recibió la calificación summa cum laude el…
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COMENTARIO

“Protección de los datos personales en los informes crediticios”, del Dr. Esteban Ruiz Martínez, Editorial Hammurabi, 2015.

comentado por Pablo A. Palazzi

La obra que comentamos es la tesis doctoral del autor, que recibió la calificación summa cum laude el 2 de junio de 2014 en la Universidad Austral.

No es la primera obra del autor sobre la materia. Esteban Ruiz Martínez ya había incursionado en el pasado en la misma temática al escribir una obra, la primera en nuestro país, en realizar un análisis legal de los informes comerciales. Aquella obra titulada “Los informes comerciales y el derecho a la información”, escrita en el año 1998 antes que viera la luz la ley de protección de datos, analizaba con mucha lucidez el régimen legal de los informes comerciales con las escasas normas vigentes en ese entonces: el régimen general de responsabilidad civil y algunos principios de privacidad y publicidad que tímidamente asomaban -y a veces eran ignorados-, en la jurisprudencia.

Este comentario constituye la recensión al nuevo libro del autor. Para ello comentaremos los ocho capítulos que integran la obra, uno por uno.

La obra comienza con una introducción al Derecho a la protección de los datos personales, que resulta necesaria pues éste es el marco general que regula los informes comerciales.

Sería muy tentador decirle al lector que si ya conoce de protección de datos o si ha leído obras generales, podría “saltearse” esta parte. Pero no lo recomiendo. El autor de la obra tiene una mirada sobre la protección de datos que va a las raíces. Va a las raíces históricas que encontramos en el derecho comparado, pero también al fundamento filosófico y de derechos humanos que busca amparar a la persona humana y sus datos personales. Esa visión inunda todo el libro y por eso es bueno comenzar leyendo detenidamente el primer capítulo, ya que nos introduce y nos predispone a lo que vendrá.

En el capítulo 2 el autor explora la ley 25.326 y el ámbito de interpretación del tratamiento de datos crediticios. Nuevamente capítulo tiene un carácter introductorio pero centrado en el régimen argentino de protección de los datos personales. Luego de una breve historia introductoria de la sanción de la ley, su objeto y alcance, se definen los términos y principios básicos de la normativa de protección de datos. El autor pasa luego de los criterios generales de licitud a las condiciones de licitud para tratamientos específicos. Termina el capítulo con el análisis de los datos sensibles y los derechos del titular del dato personal.

De éste capítulo rescatamos por su claridad la explicación de la evolución del término “destinado a proveer informes” (que debería modificarse en una futura reforma de la ley 25.326) o la relación entre las normas administrativas y el acceso a través del “hábeas data”. El autor cita un dictamen de la DNPDP donde se aclara que la ley 25.326 no pretende desplazar las normas de procedimiento propias y específicas de cada organismo. La cita se hace a raíz de varios casos de “hábeas data” donde se buscó cuestionar datos en poder de la AFIP, o cuestionar el ascenso de un oficial de seguridad utilizando la garantía constitucional del art. 43 Const. Nac.. Lo cierto es que si bien esto es así, estos organismos públicos no pueden alterar el derecho de acceso y corrección y muchas veces en la práctica hemos visto que ciertos organismos crean sus propias reglas de acceso o corrección que terminan desnaturalizando el derecho de acceso consagrado en la Constitución Nacional y la ley reglamentaria.

Finalmente en este capítulo es interesante el principio de calidad en el análisis del dato personal que el autor desarrolla en forma muy extensa y detallada.

En el capítulo 3 el autor se refiere al concepto y las características del informe crediticio. El autor realiza una cuidadosa clasificación de los informes muy útil para el análisis legal de las cuestiones a abordar con posterioridad. También se tiene en cuenta el valor que para la comunidad constituye el informe comercial, y los riesgos para el titular del dato personal. Se explica también el balance de derechos: el derecho a la información vs. la intimidad en esta materia.

En el capítulo 4 el autor expone en forma detallada el contenido y las fuentes del informe crediticio. Esta sección de la obra es importante pues con frecuencia se habla y escribe de informes comerciales sin detenerse en su composición, sus fuentes, y sus finalidades. Analizar el contenido de un informe comercial es clave para comprender las fuentes que lo informan, lo que conduce en primer lugar a comprender la legalidad de los mismos ab initio. He perdido la cuenta de cuántos abogados y hasta jueces, todos preparados y bien formados, me formulan sorprendidos la siguiente pregunta: “¿Cómo es posible que la empresa X tenga esos datos? Debería ser ilegal”. Luego, cuando se les explica cuidadosamente las fuentes de la información veo que caen rápidamente en la cuenta que la actividad es lícita y que podrá tener sus límites, pero que no todos los datos personales son privados y secretos, sino que algunos superan la esfera de la vida privada y afectan a terceros (clásico ejemplo: la deuda u obligación dineraria, y en mayor medida las deudas de clientes bancarios con el sistema financiero).

Por eso uno de los aspectos más interesantes y atractivos de este capítulo es el referido a las fuentes del informe crediticio, tema siempre cambiante y en evolución. No son las mismas las fuentes hace 50 años que ahora, pues la informatización de la administración pública genera más y más bases de datos que se hacen accesible al ciudadano y las empresas. Aparecen también los conceptos de open data y de open government, totalmente en las antípodas de la data protection. Tampoco es el mismo el criterio que rigen en países como Estados Unidos que en otros del derecho continental como es el caso de los europeos o de nuestro propio país. Por ejemplo en Estados Unidos es frecuente encontrar antecedentes penales dentro de un informe comercial, algo que si bien no tiene relevancia económica, para algunos forma parte de la completitud del informe. En países del derecho continental, tal conclusión estaría vedada y lo mismo en nuestro país por imperio del art. 7 de la ley de protección de datos personales.

Volviendo a la obra en comentario, en este capítulo el autor analiza diversos supuestos de la Argentina y del derecho comparado. Es interesante notar algunos casos y sus fundamentos legales.

El primer ítem examinado es la clasificación de deudores del sistema financiera donde se detalla en extenso la clasificación realizada por la normativa del BCRA y sus diversas bases de datos. Esta clasificación suele verse en los informes comerciales pues es de fuente pública y es una de los indicadores de la existencia de una deuda pues el BCRA obliga a las entidades financieras a informar el estado de cada uno de sus clientes de acuerdo a sus reglamentaciones.

Seguidamente el autor analiza las causas judiciales a las cuales clasifica en i) juicios en trámite, ii) estado procesal de los mismos, y iii) sentencias judiciales. Respecto a los juicios en trámite, recuerda la nueva ley de reforma judicial y la Acordada 24/2013 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Lo mismo respecto al estado procesal de litigios, que es público por poder ser consultado en los sitios de Internet de tribunales al igual que las sentencias definitivas con las limitaciones que impuso la reciente acordada de la Corte Suprema (pags. 211/214).

Respecto a la información societaria el autor reseña las normas que justifican la publicidad de esta clase de datos personales en el Boletín Oficial, que también suelen hallarse en informes crediticios. También se hace referencia a la información del Registro público de comercio nacional y el cambio de criterio a partir del año 2012 basado en una opinión de la DNPDP (pags. 214/215). Este cambio implicó requerir interés legítimo para acceder a información, pero de alguna forma tuvo como efecto cercenar el acceso a la información que antes era pública.

Respecto a las deudas informadas por acreedor, se hace referencia al BCRA y la ley de tarjetas de crédito. En cuanto a las fuentes del informe crediticio, el autor las califica en fuente según la accesibilidad del dato y según su titular. En cuanto a la accesibilidad del dato, el autor repasa la información prohibida, la accesible con condicionamientos y la destinada a difusión pública, otorgando ejemplos en cada caso. En cuanto a la fuente, estas según el autor pueden ser públicas o privadas, examinando en cada caso las limitaciones al uso de los datos personales.

En el capítulo 5 se expone el concepto de calidad del dato crediticio y el test para su determinación. Cierra el capítulo un interesante repaso sobre la calidad del dato en el derecho comparado.

En el capítulo 6 el autor estudia la caducidad del dato crediticio, o el mal llamado derecho al olvido, que tanto ha aparecido estos meses con el tema de Internet y los buscadores. Hay que recordar que el derecho al olvido nace en el derecho positivo con la cuestión de información antigua incluida en informes comerciales. El autor encuadra correctamente este concepto al hablar del transcurso del tiempo como límite del derecho a la información.

En el capítulo 7 el autor expone las condiciones de licitud para el tratamiento del dato crediticio.

En el capítulo 8 se analizan casos particulares de aplicación de la ley de protección de datos al informe crediticio. Así el autor aborda el tema del dato judicial, el dato judicial meramente histórico, la completitud del mismo y el dato crediticio sometido a revisión judicial. La parte final trata sobre los balances y otra información obrante en la IGJ (pag. 430 y 431). El autor concluye acertadamente que la información obrante en estos registros, incluído el dato sobre los balances comerciales de empresas inscriptas en la IGJ es información pública en virtud del art. 8 del decreto 1493 reglamentario de la ley 22.315 y el art. 3 de la ley 26047 (registro nacional de sociedades por acciones).

En los últimos años la IGJ tomó una postura restrictiva del acceso a la información pública y abusó de la ley de protección de datos, y de sus conceptos de cesión e interés legítimo, sumado al rango normativo de la ley vs. el decreto 1172/2003 como una forma de esconder información pública obrante en sus registros. Lamentablemente lo que pasó en la práctica fue que la IGJ usó la ley de protección de datos para encubrir casos de corrupción. A la IGJ le importaba poco y nada cumplir con la ley de protección de datos personales. La prueba está en que la ley 25.326 estaba vigente desde el año 2.000, y sólo en el 2012, es decir doce años después, la IGJ se acordó de aplicarla justo cuando se necesitaba que se acceda a cierta información. La justicia en varios amparos terminó ordenando el acceso a estos datos. Afortunadamente las nuevas normas dictadas por el gobierno que asumió a fines del año 2015 volvió las cosas a su normalidad aprobado dos normas que el autor de esta obra anotada no llegó a comentar pues el libro fue impreso con anterioridad a su sanción.

Para finalizar, entendemos que se trata de una obra muy completa y elaborada sobre la materia de los informes comerciales. La lectura de la obra permite comprobar que el autor se detuvo en cada uno de los detalles que analiza, y lo hace con profundidad, y la seriedad que lo caracterizan. Todas sus afirmaciones están fundadas en razonamientos claros y jurídicos. La obra está repleta de notas a pie de página con citas de fallos inéditos y dictámenes de la Dirección Nacional de Protección de Datos personales.

Quien desee tener una visión actualizada a finales del 2015 sobre el régimen legal de los informes comerciales no tiene más que leer la obra de Ruiz Martinez, y allí encontrará respuestas adecuadas a todos los problemas legales.

Prof. Pablo A. Palazzi

ppalazzi@udesa.edu.ar

Marzo de 2016.