La aplicación del “Standard Rodriguez” a otros Intermediarios de Internet

La aplicación del “Standard Rodriguez” a otros Intermediarios de Internet por Santiago Gini GOMEZ MACIEL FRANCISCO JOSE c/ DRIDCO S.A. s/ORDINARIO [1] La aplicación del “Standard Rodriguez[2]” a otros Intermediarios de Internet. Un nuevo caso involucra a un “Intermediario de…
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La aplicación del “Standard Rodriguez” a otros Intermediarios de Internet

por Santiago Gini

GOMEZ MACIEL FRANCISCO JOSE c/ DRIDCO S.A. s/ORDINARIO [1]

La aplicación del “Standard Rodriguez[2]” a otros Intermediarios de Internet.

Un nuevo caso involucra a un “Intermediario de Internet”. En el mismo se puede destacar que el Intermediario involucrado no es el titular de un motor de búsqueda (como pueden ser “Google” o “Microsoft”) sino Dridco SA, quien era titular de un sitio de clasificados online de vehículos conocido como “demotores” (www.demotores.com.ar). A continuación se podrá encontrar un muy breve resumen del caso con algunos agregados.

Hechos:

La actora “adquirió” un auto cuyo aviso de venta había sido publicado por un tercero en la plataforma de la demandada. El problema se originó porque el vehículo resultó ser un auto “mellizo” (un vehículo robado que es modificado y cuya documentación es alterada o creada hasta ser igual a la de otro auto no robado). Cabe destacarse que la plataforma no intermedió en la operación de compraventa entre los usuarios, sino que simplemente operó como difusor de la información publicada por el estafador (no demandado civilmente).

¿Qué se resolvió?

La resolución estableció que se debe seguir los lineamientos del fallo “Rodriguez C. Google” en el cual se definió, entre otros asuntos relevantes, que este tipo de causas debe encuadrarse en el ámbito de la responsabilidad subjetiva. En ese sentido sostuvo que:

Acreditados de este modo los hechos descriptos en la demanda, y sin perjuicio de lo que pudiese decidirse en sede penal, corresponde evaluar la responsabilidad que el actor atribuye a la demandada por los daños derivados del ilícito del que fue víctima. En este sentido, y dado las posturas asumidas por los contendientes, resulta determinante saber si el sitio “demotores.com” solo almacena datos de los bienes ofrecidos para la venta o si -por el contrario- ejerce un rol activo, participando en las operaciones de compra-venta llevadas a cabo en su plataforma. Aun cuando no existe legislación que regule esta materia, siguiendo la doctrina sentada por la CSJN en el fallo Rodríguez María Belén c/. Google inc y otro de fecha 28/10/14, las empresas titulares de las plataformas online serán responsables por los daños y perjuicios ocasionados por la compra y venta de productos falsos realizados a través de sus sitios, cuando quede demostrado que tuvieron una participación activa o un conocimiento efectivo de la ilicitud del acto: no basta la sola comprobación del daño para imponer el deber de resarcir, sino que es necesario probar el factor de imputabilidad subjetivo, sea la culpa o el dolo.” (el destacado me pertenece)

Asimismo, cabe destacarse el esfuerzo del juez por entender y aclarar el rol del Intermediario demandado a efectos de juzgarlo. En tal sentido detalló: “Este es el procedimiento que se siguió en el caso. El usuario identificado como Leandro Baritello, completó los datos del rodado que intentaba vender y previo pago de la publicación, se registró el aviso nro. 1347698 .El Sr. Gómez Maciel ingresó al sitio e interesado en dicho vehículo se contactó en forma directa con el vendedor, con quien acordó la inspección del rodado, y posteriormente la celebración del contrato de compraventa. De ello puede concluirse que la participación demotores.com finalizó en el momento que posibilitó el contacto del actor con el usuario identificado como “Leandro Baritello.”. (el destacado me pertenece). Es en virtud de lo señalado que se concluyó que no habiendo incumplimiento alguno por parte de la demandada la demanda debía ser rechazada.

¿Qué se podría haber agregado?

El fallo es remarcablemente sobrio y escueto y no pomposo y eterno como algunos precedentes en la materia. No obstante eso, hubiera sido positivo agregar al menos una referencia explícita a la libertad de expresión que rige a los Intermediarios de Internet y a la actividad publicitaria en general. Destaco que señalo el término “explícita” porque al fijar como cauce de resolución al caso “Rodriguez” el marco de libertad de expresión está subyacente[3].

Finalmente quisiera agregar que la actividad de clasificados online es un tipo de actividad publicitaria que se encuentra dentro del cauce ofrecido por la libertad de expresión y que la misma no solamente no carece de una norma específica sino que por lo contrario si cuenta con una norma muy precisa y de acuerdo al sistema Interamericano de Derechos Humanos como es la ley 26.032 que estableció que: “La búsqueda, recepción y difusión de información e ideas de toda índole, a través del servicio de Internet, se considera comprendido dentro de la garantía constitucional que ampara la libertad de expresión.”

Conclusiones:

A modo de breves conclusiones, entiendo que se puede sostener que: 1) el “Standard Rodriguez” es aplicable a todos los Intermediarios de Internet y no sólo a los motores de búsqueda; y que 2) el Derecho del Consumo no es una armadura que permita a los consumidores actuar de cualquier forma contando con el supuesto respaldo de poder reclamar a un tercero ajeno la reparación del daño que otro tercero le causó, sobre todo si para ello hay que tirar por la borda un Derecho tan fundamental como el de la Libertad de Expresión.

Por Santiago L. Gini

[1] GOMEZ MACIEL FRANCISCO JOSE c/ DRIDCO S.A. s/ORDINARIO 4470/2014 Juzgado Comercial 5 Secretaría 9.

[2] En referencia al caso resuelto por la CSJN el 28/10/2014 “Rodríguez, María Belén c/ Google lnc. s/ daños y perjuicios”

[3] CSJN: Rodríguez, María Belén c/ Google lnc. s/ daños y perjuicios. “Diversas relatorías para la libertad de expresión de organizaciones internacionales emitieron una declaración conjunta en la que sostuvieron que, como principio, nadie que ofrezca únicamente servicios técnicos de Internet (acceso, búsqueda o conservación de información), deberá ser responsable por contenidos generados por terceros y que se difundan a través de esos servicios y que no se deberá exigir a los intermediarios que controlen el contenido generado por usuarios (Declaración Conjunta sobre Libertad de Expresión e Internet; Organización de las Naciones Unidas, Organización para la Seguridad yla Cooperación en Europa, Organización de los Estados Americanos y Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, 1° de junio de 2011).