Proyectos de Reforma de la Ley 25.326 que limitan el acceso a la información

Proyectos de Reforma de la Ley 25.326 que limitan el acceso a la información por Lorenzo Reyes lreyes@udesa.edu.ar Resumen: La información tiene el rol determinante de definir las circunstancias de las relaciones patrimoniales acreedor-deudor. Como base, la misma no…
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Proyectos de Reforma de la Ley 25.326 que limitan el acceso a la información

por Lorenzo Reyes

lreyes@udesa.edu.ar

Resumen:

La información tiene el rol determinante de definir las circunstancias de las relaciones patrimoniales acreedor-deudor. Como base, la misma no puede ser parcial, desequilibrando garantías que tornarían más infructuosas llevar a cabo las operaciones y gravosas para las partes. Siendo la información crediticia un diagnóstico del mercado, la transparencia y previsibilidad no pueden ser elementos ausentes para la prosperidad segura de los usuarios de informes comerciales.

En la actualidad el Congreso Nacional está debatiendo la procedencia sobre los proyectos de reforma relacionados a la Ley 25.326, que regula la protección de la información de los datos personales. Las diferentes iniciativas versan sobre el art. 26 (pauta la prestación de servicios de información crediticia), proponen la incorporación del art. 28 bis (responsabilidad de páginas de internet y/o motores de búsqueda) y por último las incorporaciones del art. 47 (regulación de la prestación de información crediticia vía internet), 48, 49 y 50 sobre la debida notificación al deudor.

La redacción actual del Art. 26 es la siguiente:

ARTICULO 26. — (Prestación de servicios de información crediticia).

  1. En la prestación de servicios de información crediticia sólo pueden tratarse datos personales de carácter patrimonial relativos a la solvencia económica y al crédito, obtenidos de fuentes accesibles al público o procedentes de informaciones facilitadas por el interesado o con su consentimiento.

  2. Pueden tratarse igualmente datos personales relativos al cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de contenido patrimonial, facilitados por el acreedor o por quien actúe por su cuenta o interés.

  3. A solicitud del titular de los datos, el responsable o usuario del banco de datos, le comunicará las informaciones, evaluaciones y apreciaciones que sobre el mismo hayan sido comunicadas durante los últimos seis meses y y el nombre y domicilio del cesionario en el supuesto de tratarse de datos obtenidos por cesión.

  4. Sólo se podrán archivar, registrar o ceder los datos personales que sean significativos para evaluar la solvencia económico-financiera de los afectados durante los últimos cinco años. Dicho plazo se reducirá a dos años cuando el deudor cancele o de otro modo extinga la obligación, debiéndose hace constar dicho hecho.

  5. La prestación de servicios de información crediticia no requerirá el previo consentimiento del titular de los datos a los efectos de su cesión, ni la ulterior comunicación de ésta, cuando estén relacionados con el giro de las actividades comerciales o crediticias de los cesionarios.

La importancia que adquirió la Ley cuando se aprobó su reglamentación fue la definición de la información crediticia como piedra angular o punto de apoyo para la base a toda obligación de contenido patrimonial. Las partes relacionadas al contrato, acreedor-deudor, establecen las circunstancias de sus acciones en base a la información crediticia. Estableciéndose un punto de equilibrio, teniendo en consideración los incentivos de las partes, siendo el deudor su voluntad mostrar la menor cantidad de datos negativos relacionados a su comportamiento, en contraposición del acreedor que busca información completa para garantizar su inversión/préstamo.

El Estado debe garantizar igualdad entre las partes para así asegurar la viabilidad de todas las operaciones de carácter patrimonial. Siendo los peligros que debe evitar son, en corto plazo, los abusos de las partes (deudores que no comunican todo su verdadero comportamiento y acreedores que fijan tasas de intereses excesivas que agravan el patrimonio de los deudores) y, en el largo plazo, la seguridad jurídica relacionada a la previsibilidad y estabilidad de las operaciones que aseguren su normal y debido funcionamiento.

En base al panorama, el artículo resulta determinante en la finalidad de la información bajo tres aspectos fundamentales: a) contenido, b) fuentes y c) base temporal del dato. Cualquier cambio en el artículo implicaría una consecuente modificación en los derechos involucrados como los fines de la información, la responsabilidad de los entes prestadores de informes comerciales, el derecho al olvido, la responsabilidad de las páginas de internet y el debido tratamiento que debe tener la información.

Las propuestas que se debaten en el Congreso actualmente son las siguientes:

  1. Proyecto de Durand Cornejo, Guillermo Mario: Propone la sustitución del inciso 4, modificando la forma en que debe recopilarse la información de los últimos cinco años desde la primera asignación contable y que no operara plazo alguno en los casos en que se haya eliminado la deuda, siendo la supresión de tal dato hecho de forma inmediata.

La iniciativa introduce el tratamiento de la información bajo los criterios contables de lo percibido y de lo devengado. Los criterios establecen desde cuando las operaciones deben ser reconocidas para dar lugar a su debido registro, siendo el criterio de lo percibido (aplicado a Personas Físicas) que pauta que las operaciones deben reconocerse al momento en que se realice la percepción o cobro de la operación (lo efectivamente cobrado o pagado).

En contraposición, el criterio de lo devengado (perteneciente a Personas Jurídicas) determina que la operación debe registrarse al momento de ocurrencia del hecho sustancial, es decir cuando la transacción se perfeccione, independiente de su cobro o percepción, dando lugar a un derecho de cobro u obligación de pagar. En base a los criterios contables, el criterio de devengado daría a lugar al deber de brindar información que exceda el plazo pautado (cinco años) debido a que la vigencia de tales relaciones acarrean a su causa fuente. Por ejemplo, créditos hipotecarios con plazo de 20 años.

Por otro lado, la supresión de deudas saldadas sin espera de plazo alguno resultaría en la omisión de un dato positivo del buen accionar del deudor. Se estaría proveyendo información incompleta sobre el titular, lo que generaría un sesgo al momento de tomar una decisión el potencial acreedor, pudiendo servir tales datos como referencia a un mínimo que el deudor puede comprometerse.

  1. Proyecto de Bianchi, Ivana María: La diputada propone la incorporación de los incisos 6, 7 y 8; comprendiendo la actualización de los datos tras 15 dias hábiles de la cancelación o extinción de la obligación, de incumplirse tal deber se procederá una sanción hacia la entidad prestadora de información crediticia y se la considerara solidaria e ilimitadamente responsable de los danos y perjuicios que se ocasionares a los destinatarios de tal información.

Esta iniciativa implicaría, en caso de su procedencia, una limitación a los entes prestadores de información crediticia por extensión de responsabilidad. Su justificación yace en precedentes foráneos como Enron, Petrobras y hasta la crisis financiera inmobiliaria de 2008 en Estados Unidos. La línea transversal de los hechos mencionados, es que las agencias calificadoras de riesgo reflejaron estados contables falaces que defendían una realidad económica inverosímil e insostenible, siendo las victimas todos sus inversores que actuaron bajo información incompleta y/o fraudulenta, la opinión del lector lo categorizara de una u otra forma.

  1. Proyecto de Gaillard, Ana Carolina: Dispone la eliminación inmediata de los datos cuando los mismos se hubieran cancelado o extinguieron, siendo deber de los entes realizar la debida notificación a los bancos pertinentes y también notificación fehaciente al deudor de su cumplimiento. Se reitera la problemática de la supresión de datos de cumplimiento del deudor, con la consecuente proporción de información incompleta, como propone el diputado Durand Cornejo en el Proyecto citado en primer termino.
  2. Proyecto de Caceres, Eduardo Augusto, Art. 28 bis: Esta propuesta versa sobre la responsabilidad de internet y/o motores de búsqueda asimilándolos a las entidades prestadoras de informes crediticios.

Este panorama propuesto implica una limitación a la internet, debiendo mencionarse el caso Google y Yahoo contra María Belen Rodriguez en que se estaría generando el peligro de responsabilizar a los motores de búsqueda como si fueran los generadores propios de tal información. A su vez, se propone una regulación de responsabilidad análogo al Habeas Data, siendo en suma una limitación a la internet en motores de búsqueda.

  1. Proyecto de Assef, Alberto Emilio: El diputado propone una disminución en el plazo en que deben eliminarse los datos referidos a deudas saldadas, pasando de 2 años a 1. Reiterando la problemática de plazo en los Proyectos 1 y 3.
  2. Proyecto de Pérez, Alberto, Art. 47: Se propone la regulación de la prestación de servicios de información a través de internet con la restricción de no publicar datos que sirvan para identificar al titular (nombre y apellido, CUIT, teléfono, situación fiscal, domicilio, etc.) y con la identificación del usuario que hace uso de tales datos.

Este articulo derivaría en dos extremos que ambos resultarían dañinos, si se da su cumplimiento efectivo estaríamos ante el peligro de acceso de datos sin requerimiento de fines que derivaría en una circulación de los mismos sin control (su peligro es que genere el daño mismo que quiere evitar).

Por ultimo, de incumplirse con los requisitos pautados (y que tales servicios operen efectivamente), tales datos brindados podrían usarse para determinar la correlación informe y titular, exponiéndolos y dejándolos indefensos a la exposición que implicaría. Debiendo criticarse obviamente que el propuesto articulo seria un menoscabo que restringiría a la internet.

  1. Proyecto Díaz Roig, Juan Carlos: El diputado propone la eliminación del estado de morosidad cuando el mismo sea igual o inferior al equivalente a dos saldos mínimo vital y móvil. Bajo el entendimiento que la designación de morosidad en tales casos resultaría un óbice en vez que una prevención. Por lo tanto, adjunta la modificación del art. 31 respecto a las facultades del organismo de control para sancionar inobservancias en la Ley por parte de usuarios y bancos de datos responsables.

El fin buscado por el diputado es evitar la calificación de morosidad de deudas menores a dos salarios mínimos para que no se constituya un daño al titular, al cuál se está categorizando de un comportamiento peor del que verdaderamente refleja.

También se propone la incorporación de los artículos 47, 48, 49 y 50. Proponiendo la eliminación de deudas saldadas, la calificación de morosidad a saldos menores a dos sueldos mínimos, la debida notificación al deudor por parte del acreedor.

En la actualidad hay libre circulación de información, por el precedente Belén Rodríguez, la redacción del art. 26 de la Ley 25.326 y por la Ley 26.032 que regula el servicio de internet (libertad de expresión extendida en internet), se garantiza la libertad de expresión vía internet. Sin embargo, los siete proyectos restringen a la información, dando a lugar múltiples problemas si se diera lugar a su procedencia.

En primer lugar, al limitarse la información se afectaría un elemento esencial en las operaciones comerciales, debido a que reduciría indebidamente el espectro de la verdadera situación al cual las partes se situarían, dando como resultado un escenario de operaciones que no refleje de manera fidedigna la realidad económica. Reiterando: los datos de deudas saldadas por los titulares sirven de referencia de comportamiento positivo que debe ser tomado en cuenta por el potencial acreedor como una referencia, que de ser omitido se reflejaría al mismo en un escenario incompleto y por lo tanto podría reclamar el usuario del informe mayores garantías ante la ausencia de tal información.

En segundo lugar, tratando a la información como un elemento esencial de la Teoría de Juegos, podemos hacer referencia a instancias en que contamos con información completa o incompleta. El usuario del informe comercial presupone que el ente informante cumple con su deber y por lo tanto puede actuar siguiendo el principio del buen hombre de negocios (Principio Económico: conocimiento común de la racionalidad, las partes actúan sabiendo que la contraparte actúa racionalmente). Pero cuando el informe es incompleto, el accionar del usuario debe considerarse nulo u obstaculizado por actuar en un escenario falaz.

Por último, la regulación a la prestación de servicios de información crediticia vía internet (Proyectos 4 y 6) debe reiterarse que no debe significar un menoscabo en la libertad de expresión extendida en internet.

El informe comercial comprende la base que determina las circunstancias y acciones de todas las obligaciones de índole patrimonial, actuar en desconocimiento o con menos información tornaría tales operaciones más inseguras y con exigencias más gravosas al deudor. Distorsionando al mercado con inviabilidad en tales operaciones y siendo más infructuoso. Por lo tanto, ante los peligros latentes, opinamos que la procedencia de los proyectos sería dañina para la información misma y el ente que afecta.